El modelo de vivienda social parece una utopía a día de hoy en España. Gobernados por promotores e inmobiliarias, e inmersos en una política de Estado que no atiende —ni ha atendido nunca— al problema de la vivienda.
Con el paso de los años, se ha promovido la idea de que alquilar una casa era casi delito, tirando un dinero que podrías gastar en comprar la propia vivienda. Bienvenidos al maravilloso mundo de la especulación inmobiliaria. Con alquileres desorbitados, cuyos precios son estipulados por la inmobiliaria o el particular de turno, bajo ningún tipo de regulación estatal/provincial que los controle, el propio sistema es el que empuja a la población a hipotecarse y formar parte de la promoción privada. Con más del 50% de la vivienda en régimen de alquiler en España, allá por la década de 1950, esas cifras quedan muy lejos del deterioro progresivo que nos trae hasta nuestros días: casi un 80% de la vivienda actual se encuentra en propiedad, reduciéndose al 20% la totalidad de inmuebles en régimen de alquiler.
Estamos muy lejos, también, de igualar a las grandes potencias de la Unión Europea en cuanto al número de inmuebles dedicados a la vivienda social. En estos países, donde parece que la lógica se impone, impera la cultura de construir viviendas de calidad a precios asequibles. ¿En qué momento nuestra situación se tornó? ¿Cuándo decidimos tenderle la mano al vampírico mundo de la promoción privada para que jugasen, no sólo con nuestro dinero y nuestra calidad de vida, sino con el futuro de la vivienda y la tradición arquitectónica de un país?
Por ello, creo más que conveniente esbozar una sonrisa cuando se avistan cambios en el rumbo inmobiliario. Cambios que persiguen tanto la calidad económico-social, como asentar una nueva forma de hacer con respecto al futuro de la vivienda en España. Nos referimos a la nueva medida tomada por la Generalitat de Catalunya, quien ha acabado aprobando la modificación del Plan General Metropolitano, y por la cual el 30% de las viviendas de nueva promoción residencial y de grandes rehabilitaciones de edificios de Barcelona tendrán que destinarse a vivienda social.
Se presenta un futuro esperanzador para el mercado inmobilario español. Esperemos que esta media marque una tendencia de buen entendimiento del mismo y se propague por el resto de Comunidades Autónomas. ¿Ayuntamientos del progreso? Puede ser. O puede que simplemente se necesite un cambio a nivel general; enterrando nuestras falsas apariencias y reconociendo que, a fin de cuentas, las VPO son viviendas igual que cualquier otra, que no están destinadas únicamente a ciertos gremios poblacionales, sino que son una vertiente de la arquitectura residencial actual en la que se pone el mismo —o incluso mayor— empeño por construir “bien, bonito y barato”.
