Hace unas semanas se publicó en El Comercio el artículo “No traben el MUNA”, en defensa del Museo Nacional de Arqueología (MUNA), edificio de más de 75 mil metros cuadrados que se está erigiendo en el distrito de Lurín, frente al Santuario de Pachacamac.
Su construcción, explica el artículo, responde a la necesidad de incrementar la infraestructura destinada a la conservación, investigación y exposición del patrimonio arqueológico de nuestro país. Asimismo, justifica su ubicación en el hecho que el terreno es propiedad del Ministerio de Cultura, y haber buscado otro predio hubiese implicado engorrosos trámites de transferencia interestatal. Si bien este puede ser un buen sustento político no lo es desde lo técnico, dado que se espera que acudan cerca de un millón de personas al año y el único acceso es por la antigua Panamericana Sur, con solo un carril por sentido. Es evidente que un equipamiento de dicha magnitud va a alterar el desarrollo del distrito donde está emplazado, y generar impactos sobre las zonas arqueológicas y la población local.
Estas cuestiones son analizadas durante la elaboración de los estudios de pre-inversión, pero el Sistema Nacional de Inversión Pública, hoy rebautizado como “Invierte Perú”, no permite incorporar presupuestos para obras que estén fuera del ámbito estricto del proyecto, trasladando los problemas a otras entidades públicas (municipalidades, ministerios, etc.) sin el marco de planificación y recursos necesarios para su solución.
Antes de decidir la ubicación de un equipamiento de esta magnitud, ¿no se debería verificar que la ciudad esté preparada para recibirlo?, la respuesta lógica sería “sí”, pero en nuestro país la obra pública se define, en la mayoría de casos, desvinculada del desarrollo de las urbes.
Pensar en un gran complejo cultural vinculado a uno de los lugares de mayor valor arqueológico de la ciudad podría ser una buena idea, pero para poderse concretar necesita estar inscripta en un marco integral de planificación urbana y territorial, mediante el cual se capitalicen los impactos positivos para el desarrollo de los ciudadanos, y se mitiguen los negativos hacia las áreas arqueológicas y el entorno urbano.
No se trata de un tema meramente formal, sino de asumirlo como prioridad para orientar el desarrollo sostenible del país, debiendo el Estado liderar y exigir su implementación. La reciente creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial podría ser una oportunidad para ello, fortaleciendo desde la Presidencia del Consejo de Ministros las estructuras de planificación a nivel nacional.
Hoy el MUNA es un problema para el Ministerio de Cultura. Dado que la obra ya está empezada, sería pertinente buscar soluciones de medio y largo plazo que permitan su paulatina implementación acorde con el desarrollo de la ciudad. Si el mayor sustento para su creación es reducir la brecha que tiene el sector en infraestructura de conservación e investigación, entonces debería enfocarse su ejecución sobre esos puntos, postergando el componente de exhibición, que es el que genera mayor impacto exógeno, y que podría resolverse en el edificio del Museo de la Nación.
Mientras tanto sería necesario planificar e implementar medidas de mitigación, trabajadas en conjunto con los diferentes niveles del Estado, para convertir al MUNA en una oportunidad para el desarrollo de la ciudad.
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