Es curioso ver como se acelera el paso a la privatización en toda la geografía española. Empresas públicas que cada día son menos rentables, mientras que la privada continúa emergiendo. También es curioso ver lo sencillo que es el paso del cargo político al alto cargo en la empresa privada en nuestro país. Es, cuanto menos llamativo, que la ley nunca ha tratado de controlar este hecho, e impedirlo.
La corrupción en España ya es escandalosa. Este ruido nos habla de la comodidad con la que proceden los gobernantes, con total inmunidad. Hoy, la Comunidad de Madrid, con un ayuntamiento en poder del Partido Popular desde hace ya 24 años, ha anunciado que liquidará la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS) y Suelo por “no ser viable” y tener una deuda “insostenible”, a pesar de los impuestos y subvenciones.
Esta empresa pública es una de las tres grandes que tiene el PP en Madrid, junto con la EMT (Empresa Municipal de Transportes) y "Madrid Espacios y Congresos" (Madridec, encargada de la gestión del alquiler de edificios), que también ha anunciado un ERE por quiebra.
Por ejemplo, en el caso de Madridec, el propio Ayuntamiento admitió que su gestión ha respondido durante años a intereses políticos. Irregularidades que no parecen frenar el contínuo sabotaje al que se somete al país.
En el caso de EMT, “El negocio es deficitario, con un volumen significativo de pagos no corrientes inasumibles. El endeudamiento bancario no es sostenible y la compañía, solvente, tiene problemas severos de liquidez inmediata”.
La auditora presiona al Ayuntamiento a deshacerse de inmediato de sus pisos de alquiler para lograr liquidez. Esto contrasta con las palabras de la alcaldesa Ana Botella, que prometió centrar la labor social de la EMVS precisamente en el arrendamiento, tras decidir el pasado otoño no construir más vivienda protegida.
Gran parte de las viviendas afectadas están ocupadas, y muchas de ellas son, además, de protección oficial, viéndose perjudicada una cantidad ingente de familias. Hasta ahora sólo existen “interesados” en adquirir (presumiblemente por un bajo precio), y gestionar la empresa. Esto significaría la privatización de la vivienda de alquiler social en la comunidad de Madrid.
El proceso es simple: los ingresos públicos no salvan la empresa por “mala gestión”; quiebra, liquidación (venta urgente a bajo coste), adquisición por parte de una empresa privada afín al partido político. Posteriormente y dejados pasar los años, sólo queda ver cómo van adquiriendo cargos honoríficos en dicha empresa los responsables actuales del partido.
Algunas de las propuestas que se están haciendo son:
- Trabajar codo con codo con los bancos que han recibido ayudas públicas para nutrir la bolsa municipal de alquiler con sus pisos vacíos. En este caso, el Ayuntamiento ofrecería a los bancos un seguro de impago y les perdonaría el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de esos pisos.
- Sobre el casi millón de m2 edificables de suelo municipal existente actualmente, ceder parte a promotores para que levanten pisos, a cambio de que parte se sume a la bolsa municipal.
- “Ppodría cederse” suelo gratis a fundaciones para hacer vivienda social, a las que, como a los bancos, les perdonarían el IBI y el impuesto de construcción
Puedes tener todos los detalles del proceso visitando la publicación original en el diario El País.
