Hace dos años los arquitectos españoles José Selgas y Lucía Cano ganaron el concurso para realizar un conjunto de vivienda social en Madrid. Concurso llamado por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, buscó a los mejores profesionales para que realizasen un proyecto modelo. Sin embargo, una vez adjudicado el concurso nada siguió su curso normal, el proyecto nunca pudo construirse según el original.
La constructora contratada se negó a levantar el edificio según los planos; una malla vegetal, elemento fundamental, habría sido la manzana de la discordia entre arquitectos y constructora. Sin tener avances en este aspecto, la EMVS optó por despedir a Selgas y Cano, y contratar a otro profesional que levantase un nuevo edificio sobre la estructura original.
José Selgas y Lucía Cano lucharon por su derecho e interpusieron una demanda en el juzgado local. Esta semana se conoció la sentencia, la que obliga a la EMVS a construir el proyecto conforme al original elaborado por los arquitectos.
El proyecto casi terminado, está lejos de parecerse al inicial, la malla vegetal que rodeaba todo el entorno daba características climáticas fundamentales para la habitabilidad del conjunto, sin embargo, la construcción se ha realizado sin contabilizarla. Su costo de 600.000 euros habría sido el principal motivo de exclusión, no obstante, este dinero no fue ahorrado ni utilizado en otra partida. Esto habría sido clave para la sentencia.
Sin duda, no es la primera vez que sucede que a algún arquitecto ganador de un concurso, licitación, entre otros, no ha podido continuar con su proyecto original o simplemente ha sido reemplazado por otro profesional. Pero este caso demuestra que cuando existe un contrato de por medio, la ejecución debiese regirse según éste. Y en este caso la ley es clara, el proyecto no sólo debe modificarse sino reconstruirse según los planos originales, responsabilidad que hoy la EMVS debe asumir.
Al parecer se trata de una práctica habitual, y no sólo en España sino también en muchos países de Iberoamérica. Pero que hasta ahora muy pocos arquitectos se han atrevido a denunciar, quizá por temor a perder futuros clientes, quizá por la resignación ante una posible causa perdida.
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